Con sinceridad, algunos ciudadanos se preguntan: ¿en qué consiste la culpabilidad de los gobernantes por vacunarse? Quiero ofrecer un argumento sobre la culpabilidad política y jurídica de los 470.
En febrero de 2021, se supo que en octubre de 2020, miembros del poder Ejecutivo, el ex presidente Vizcarra a la cabeza, entre otros miembros de universidades y canales de televisión habían sido vacunados contra la COVID-19. Las vacunas (para ensayos clínicos fase III realizados por Sinopharm) fueron aplicadas sin conocimiento público.
Para aquellas fechas, ya había claridad pública, porque se informó y discutió, sobre quiénes son los “grupos vulnerables” y quiénes son los de “primera línea” de batalla. La aceptación pública legitimó que doctores, enfermeras y miembros de la PNP y FFAA fueran los primeros en vacunarse. Nunca se discutió que los gobernantes pertenecieran a grupos vulnerables. Estos debían protegerse como todo ciudadano.
La responsabilidad política y jurídica se encuentra en el acto práctico de trastocar la delgada línea que separa lo público de lo privado. En la práctica, los 470 hombres y mujeres vacunados decidieron, de manera privada, que no querían discutir públicamente sus razones, su porqué. Pero las vacunas, por un lado, y sus funciones, por otro, son un asunto público. El fraude y el engaño, así como tramar algo más que solo recibir una vacuna, fueron las razones para callar la discusión amplia. No se trata solo de moral, porque, en efecto, el silencio frente al público significó desde el primer día que cada uno de los 470 decidió aceptar el ofrecimiento, un otorgamiento de culpa jurídica.
Callar implicó conocer que no había razones, ni siquiera para aquellos ciudadanos que intentan pensar con cierto “realismo”, al afirmar que no existiría humano que se negara a salvar la vida propia y la de su familia con una vacuna que, además, no afectaba los resultados de los ensayos clínicos. En situaciones límite quizás el derecho no tiene nada que decir respecto de las acciones, como en el caso en que dos hombres se pierden por cuarenta días en el mar profundo con comida para cinco días y solo uno regresa.
Sin embargo, los 470 vacunados ni estaban en peligro inminente ni pertenecían por discusión pública sobre la base de los médicos expertos a un grupo vulnerable. El silencio público con que se aplicaron las vacunas implica no solo haber callado información o haber actuado como humano temeroso de la muerte (que ni estaban en peligro ni es lo que esperamos de quienes nos dirigen), sino que también, vamos descubriendo, implica haber cambiado alguna norma, alguna acción estipulada, algún proceso legal o médico o de investigación, etc., con el propósito del beneficio. Su silencio público los condena, pues se supieron culpables desde el inicio, por razones superiores incluso al natural temor humano a la muerte.
La justicia debe condenarlos, incluso si la pena no nos agrada o no es suficiente, porque se debe deslegitimar a una posible ley que diga tal que “todo gobernante puede hacer normas y leyes a su medida”, de modo que terminemos dando toda la razón a Trasímaco en La República.